Con el objetivo de promover los derechos al acceso laboral de las personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo de la Nación lanzará el programa "INSERCIÓN LABORAL PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD", que durante 9 meses reconocerá $150 del salario a las empresas que contraten a personas con discapacidad, y les garantizará la aplicación de varios beneficios impositivos, como la deducción del 70% del impuesto a las ganancias, y una exención del 50% de los aportes patronales durante el primer año de contratación, entre otras. Las empresas interesadas podrán acudir a la Unidad para Personas con Discapacidad, que les facilitará la nómina de posibles candidatos, y tendrán como opción un mes de entrenamiento laboral. Junto al Ministerio de Trabajo se han creado 2 gerencias de empleo, en Corrientes y en Goya, que funcionan como un banco de datos.
Según la última Encuesta Nacional, el 7,5 % de la población del Nordeste argentino es discapacitado, del cual el 70 % está desempleado. Es decir, que en Corrientes 1 de cada 5 familias tiene, al menos, una persona con alguna discapacidad.Respecto a esta estuvimos hablando con la sra. Norma Picaso, representante de las ONGs del NEA en el Consejo Federal de Discapacidad, y responsable de la Asociación para la Integración de Personas Especiales (APIPE).“Nuestro objetivo primordial es la capacitación de los recursos humanos, porque recién a partir de allí se puede trabajar”, aclaró Norma Picaso, “y es una de las fallas que encontramos en el diagnóstico elaborado el año pasado, tanto a nivel municipal como institucional”.
La Comisión Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS) ha logrado la adhesión de Corrientes al Convenio de Cooperación Nación-Provincia 2004/2007, dividido en cuatro ramas: salud, educación, trabajo y accesibilidad.El convenio estipula que “…el Estado Nacional, en su conjunto, está obligado a: propiciar o promover medidas de acción directas en beneficio de personas con discapacidad; legislar en el orden nacional, provincial y municipal las normas que permitan la inserción social; ejecutar las acciones necesarias en el ámbito urbano, edilicio, del transporte y la comunicación, teniendo en cuenta las particularidades del entorno físico; generar los acuerdos necesarios entre las autoridades para alcanzar estos objetivos; y rediseñar o modificar los códigos edilicios o de planeamiento, previo relevamiento de las particularidades del propio entorno.”
Al respecto se realizó en el mes de abril una Jornada de Capacitación en Trabajo y Discapacidad, “un acto de justicia largamente esperado para las personas con discapacidad que todavía sufren la marginación y la discriminación de nuestras comunidades”, resaltó Picaso, y agregó que “los objetivos apuntan a lograr cada vez más autonomía para sus vidas”.En la oportunidad, el vicegobernador Eduardo Galantini hizo mención al “rol que el Estado debe jugar en esta área, donde paradójicamente nos encontramos con que es uno de los sectores con menos presupuesto”, y valoró también “la eficacia y efectividad de las ONGs”, que se encuentran desarrollando una tarea encomiable.
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