NACIDO PARA PALIAR LA EMERGENCIA SOCIAL
El Plan Jefes y Jefas tiene en la actualidad tiene 1.500.000 beneficiarios, y fue lanzado por el gobierno de Eduardo Duhalde en febrero de 2002, como herramienta para atenuar la crisis política y social que había estallado a fines de 2001. El decreto 565/02, que instrumentó el programa, declaró la emergencia ocupacional y estableció que se trataba de un Derecho Familiar de Inclusión para todos los desocupados con hijos menores de 18 años a cargo, quienes recibirían $150 mensuales con una contraprestación laboral. En la medida en que se multiplicaban las denuncias por irregularidades, el Gobierno comenzó a aplicar algunas modificaciones en la instrumentación del plan con el fin de dotarlo de más transparencia, como el pago progresivo del programa con tarjeta magnética, y la confección de un Registro Único de Beneficiarios, que cruza los datos nacionales, provincia-les y municipales. A mediados del año pasado, la Iglesia realizó severos cuestionamientos al plan, y denunció que generaba clientelismo político y que no fomentaba la cultura del trabajo. La oposición se sumó a las críticas, y reclamó que se convirtiera en un plan universal, y se extendiera a todos los desocupados, para evitar las prácticas de reparto discrecional, ya que el programa había cerrado su inscripción en mayo de 2002. En la ocasión, Cáritas Argentina estimó que al menos 400.000 desocupados quedaron fuera del programa. En medio de la controversia que desataron las críticas, el Gobierno anunció en octubre de 2004, el traspaso progresivo de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas hacia el Plan Familias, destinado a madres de familia con tres o más hijos, que otorga un subsidio de hasta 200 pesos, con la obligación de que la beneficiaria se ocupe de la salud y de la escolaridad de los niños, y que alcanza a cerca de 250.000 personas.
(Fuente: http://www.lanacion.com.ar/763098)
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